La delegación de Caridad y Justicia de la Diócesis de Bilbao y Caritas Bizkaia valoran la regularización extraordinaria como una medida de justicia social y cohesión social

• La ⁠ medida es clave para garantizar el acceso a derechos y favorecer la plena inclusión social de las personas migrantes.

• Piden a la Administración que ofrezca posibilidades de registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias, para garantizar un proceso accesible y ágil.

La delegación de Caridad y Justicia de la Diócesis de Bilbao y Caritas Bizkaia valoran la aprobación del Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes como una medida de responsabilidad política, ética y social.

Se trata de un paso decisivo para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos y participar plenamente en la vida social, económica y comunitaria. La regularización supone una oportunidad real para romper situaciones de exclusión estructural y construir una convivencia más cohesionada.

Ante un proceso complejo desde el punto de vista técnico y administrativo, ambas entidades subrayan la importancia de que la Administración garantice los recursos necesarios para que esta medida llegue efectivamente a todas las personas potencialmente beneficiarias, especialmente aquellas que llevan años sin poder regularizar su situación por las vías ordinarias.

“En ese sentido, desde Cáritas instamos a las AAPP a facilitar el registro presencial, la obtención de la documentación necesaria y la tramitación preferente de estos expedientes. En caso contrario, la aprobación de esta regularización extraordinaria no cumpliría su cometido” indica Susana Cuesta, responsable del servicio jurídico de Caritas Bizkaia.

Expresión coherente del Evangelio

La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente de su misión. Según afirma Manu Moreno, delegado episcopal de Caridad y Justicia y de Caritas Bizkaia: “Esta es una medida de justicia social, de reconocimiento de los derechos de las personas; muestra una sociedad que se quiere construir desde los derechos, y no desde la vulneración y exclusión. Una medida que permite visibilizar y dignificar a muchas personas que se ven obligadas a abandonar su tierra en la búsqueda de un futuro.”

Desde 2023, Caritas Bizkaia junto con otras entidades de Iglesia y sociales viene insistiendo en la necesidad de aprobar un proceso de regularización extraordinaria en favor de las personas migrantes como una cuestión de justicia y cohesión social y el respeto a los DDHH. La ILP, con más de 600.000 firmas recabadas, fue un ejemplo de movilización social en esta línea

Impacto en Euskadi

La irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en Euskadi en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación.

Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en Euskadi, más de 315.000 personas migrantes viven en la comunidad autónoma. La situación administrativa irregular en la que se encuentran muchas de ellas provoca que el 41% esté en situación de exclusión social, una cifra cinco veces superior a la de la población autóctona.

En este contexto, Caritas Bizkaia atendió en 2025 a más de 4.700 personas migrantes en situación irregular, lo que representa el 41% del total de personas acompañadas. Se trata de una realidad que no ha dejado de crecer desde 2019. Al final, la irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta al conjunto de la convivencia social.

Salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad

La regularización administrativa transforma profundamente la vida de las personas migrantes, ya que les permite salir de la incertidumbre y acceder a derechos fundamentales. Según afirma la directora de Caritas Bizkaia, Elena Unzueta: “Esta medida responde a una realidad que no podía seguir ignorándose y supone una oportunidad para avanzar en cohesión social, garantizando derechos y fortaleciendo una sociedad más justa. Tener una autorización de residencia y trabajo no solo abre la puerta a un empleo formal y a una mayor seguridad económica, sino que facilita algo tan esencial como acceder con normalidad a la sanidad, la vivienda, la educación o los servicios básicos, y poder realizar gestiones cotidianas sin miedo”. Y añade: “Además, la regularización protege frente a la explotación y la discriminación, y favorece una convivencia más justa e inclusiva. En definitiva, es una oportunidad para que miles de personas pasen de la invisibilidad a la plena participación social, contribuyendo también con su trabajo y sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos y al fortalecimiento de nuestra sociedad”.