Noticia09/05/2022

Caritas Bizkaia apoya la ILP para la regularización extraordinaria de personas extranjeras

Desde Caritas Bizkaia nos hemos sumado a la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que están impulsando varias organizaciones sociales

En el Estado residen de manera irregular, de acuerdo con las estimaciones más recientes, entre 390.000 y 470.000 personas. Una tercera parte son menores de edad. La actual Ley de Extranjería dificulta el acceso a la regularización de las personas extranjeras lo que genera una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social e impacta en el conjunto de la sociedad. Por ello, es imprescindible la búsqueda de mecanismos que garanticen que dichas personas puedan salir de la situación de invisibilidad y “no derechos” como consecuencia del estatus migratorio irregular.

Caritas Bizkaia se suma a esta iniciativa porque significa el respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano. Además, la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Por eso, con esta iniciativa se pretende que muchas personas que ahora se encuentran en situación irregular, en un futuro puedan contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad y su regularización afloraría, rápida y eficazmente, el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones al sistema de Seguridad Social.

Otra de las razones para presentar la Iniciativa Legislativa Popular es que hoy en día cerca de medio millón de personas están fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos. Por ello, es muy importante y urgente corregir ese déficit de gobernanza pública.

La Iniciativa Legislativa Popular, que es el único instrumento de democracia directa en el Estado, expresa la voluntad directa de la ciudadanía poniendo 500.000 firmas detrás de una propuesta de ley jurídicamente sólida, y obliga al Congreso de los Diputados a debatirla en un plazo máximo de seis meses.